En 2017, dos jóvenes acusaron a su madre y su padrastro de abusar de ellas durante más de 10 años e incluso ejercer la prostitución con ellas. Si bien fueron detenidos, en 2020 la Justicia ordenó su liberación por no tener una condena firme, aunque fue la misma Justicia quien no avanzó con la causa. Ahora, los acusados desean volver a su ciudad, San Miguel, y el temor de las víctimas crece.
Mañana realizarán una marcha reclamando respuestas de la Justicia, ya que en cuatro años y hasta la fecha el juez de Instrucción Nº4, Leandro Maciel, todavía no resolvió la situación procesal de los imputados, según lo relatado por el abogado querellante que defiende a las víctimas, Hermindo González.
La marcha irá desde la plaza Cabral hasta el Ministerio de Justicia de Corrientes, para luego interponer el planteo de exigir «pronto despacho», que es una figura que se encuentra en el código procesal penal, a partir de la cual el juez tiene tres días para dar respuesta.
